El Congreso de Aguascalientes continúa afinando su agenda legislativa con decisiones que buscan mejorar la protección de grupos vulnerables y fortalecer el acceso efectivo a la justicia. Durante sesiones ordinarias, las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos analizaron y aprobaron reformas que podrían marcar un avance significativo en la defensa de las y los ciudadanos en el estado.

Aumentar sanciones para proteger a mujeres y niñas

La Comisión de Justicia, presidida por el diputado Rodrigo Cervantes Medina, revisó una iniciativa para reformar el artículo 97-A del Código Penal local. Esta propuesta plantea incrementar las sanciones para quienes cometan el delito de feminicidio cuando las víctimas sean niñas o adolescentes menores de 18 años, mujeres con discapacidad o adultas mayores de 60 años.

El objetivo de la reforma es cerrar brechas en la protección penal ante un delito que continúa siendo uno de los más alarmantes en el país. Al elevar las sanciones, se busca no solo castigar con mayor rigor estas conductas, sino también generar un efecto disuasivo y reafirmar el compromiso legislativo frente a la violencia feminicida.

Especialistas en derechos de las mujeres han señalado que el endurecimiento de las penas, acompañado de políticas de prevención y justicia efectiva, contribuye a fortalecer el mensaje de cero tolerancia ante estos crímenes y a robustecer la respuesta institucional frente a agresores.

Ampliar tiempos para ratificar quejas: un paso hacia un acceso más justo

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos, encabezada por la diputada Laura Ponce Luna, aprobó modificar el artículo 44 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. La reforma plantea ampliar de tres a cinco días el plazo para que las personas ratifiquen una queja ante la CDHEA.

Este ajuste, aunque técnico, tiene un impacto directo en el acceso a la justicia para quienes enfrentan situaciones de vulneración de derechos. En muchos casos, factores como la falta de información, la distancia, el miedo o la carga emocional dificultan que una víctima pueda acudir en tiempo a formalizar su denuncia. Con esta ampliación, se busca evitar que casos importantes queden sin atender por cuestiones meramente administrativas.

Organizaciones civiles han señalado que flexibilizar procesos contribuye a un sistema más humano y accesible, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad o con limitaciones para desplazarse o completar trámites de inmediato.

Avances que fortalecen instituciones

Ambos dictámenes serán enviados a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para continuar el procedimiento legislativo correspondiente. Aunque se trata de reformas puntuales, estas acciones reflejan el esfuerzo de las y los legisladores por hacer más robusto el marco jurídico en materia de justicia y derechos humanos.

Con estos avances, el Congreso del Estado reafirma su compromiso con la construcción de un entorno más seguro, equitativo y sensible a las necesidades de la ciudadanía, priorizando la protección de quienes más lo requieren y favoreciendo el acceso real a la defensa de sus derechos.