El asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el 1 de noviembre durante las celebraciones del Día de Muertos, conmocionó a la población local y al país entero. Su muerte no solo representa la pérdida de un servidor público comprometido con su comunidad, sino que también evidencia los riesgos que enfrentan los funcionarios municipales en zonas con fuerte presencia del crimen organizado.

Trayectoria y compromiso con Uruapan:

Carlos Manzo, de 47 años, fue electo presidente municipal de Uruapan en 2021 bajo la coalición conformada por partidos de izquierda. Economista de formación y empresario local, se caracterizó por impulsar programas de desarrollo social y proyectos de reactivación económica, especialmente tras la pandemia.

Durante su gestión, priorizó la mejora de los servicios públicos, la promoción turística y la atención a comunidades rurales. Su administración también promovió programas de empleo para jóvenes y estrategias de prevención de la violencia, en coordinación con organizaciones civiles.

Un liderazgo bajo amenaza:

Fuentes cercanas al ayuntamiento señalaron que Manzo había recibido amenazas en los meses previos al ataque. Aunque no se hizo pública ninguna denuncia formal, colaboradores suyos mencionaron que existían presiones derivadas de grupos criminales que operan en la región de Uruapan, una de las zonas más golpeadas por disputas entre cárteles.

De acuerdo con reportes de seguridad, Michoacán ha sido escenario de enfrentamientos y atentados que buscan controlar rutas de producción y tráfico de drogas, extorsión y tala ilegal. En este contexto, el liderazgo de Manzo, enfocado en fortalecer la transparencia y la cooperación institucional, representaba una posición incómoda para intereses delictivos.

El ataque y sus repercusiones:

El 1 de noviembre, durante un evento público por el Día de Muertos, Manzo fue atacado a tiros frente a decenas de asistentes. Su asesinato provocó manifestaciones de indignación y llamados a reforzar la protección a autoridades locales.
El gobierno de Michoacán y la Fiscalía estatal confirmaron días después que el autor material era un menor de 17 años, presuntamente vinculado con el crimen organizado.

Un llamado a la justicia:

El homicidio de Carlos Manzo reaviva el debate sobre la seguridad de los servidores públicos y la fragilidad institucional en regiones bajo presión del narcotráfico. Organismos de derechos humanos y colectivos ciudadanos han exigido una investigación a fondo para esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales y evitar que el caso quede en la impunidad.