Entre marchas, denuncias y expedientes abiertos por acoso, hostigamiento y violencia sexual, el movimiento del 8 de marzo vuelve a confrontar una pregunta que incomoda al poder: ¿las instituciones realmente protegen a las mujeres o siguen blindando a quienes forman parte del gobierno?

Una fecha que ya no es solo conmemorativa

El 8 de marzo, conocido mundialmente como el Día Internacional de la Mujer, se ha convertido en una jornada de denuncia social. Lo que comenzó como una lucha histórica por los derechos laborales y la igualdad se ha transformado, en México, en un grito colectivo contra la violencia y la impunidad.

En ciudades de todo el país, las mujeres salen a las calles con pancartas, consignas y testimonios que reflejan una realidad dolorosa: la violencia de género sigue presente y muchas veces permanece sin castigo.

En Aguascalientes, la situación no es menor. Datos oficiales colocan al estado entre las entidades con altos niveles de violencia contra las mujeres, mientras que las denuncias por acoso y hostigamiento sexual han ido en aumento en los últimos años.

Pero detrás de las cifras existe otro problema que preocupa a colectivos feministas y organizaciones civiles: cuando los señalados forman parte del poder político o institucional, la justicia parece avanzar con mayor lentitud.

Cuando las denuncias apuntan al poder

En distintos momentos recientes, Aguascalientes ha sido escenario de denuncias contra servidores públicos y funcionarios por acoso laboral, hostigamiento sexual y abuso de poder.

Organizaciones civiles como el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes han señalado públicamente casos en los que mujeres denunciaron agresiones dentro de dependencias gubernamentales, asegurando que las respuestas institucionales han sido tardías o insuficientes.

También se han documentado casos dentro de corporaciones de seguridad pública, donde elementos han sido señalados por conductas de acoso contra compañeras o ciudadanas.

Aunque algunas investigaciones han derivado en sanciones o bajas administrativas, colectivos feministas insisten en que el problema no es solo la existencia de agresores dentro de las instituciones, sino la percepción de protección política o institucional que muchas veces rodea estos casos.

Cuando el agresor ocupa un cargo público, el proceso judicial suele enfrentarse a obstáculos que van desde la burocracia hasta el silencio institucional.

El discurso oficial frente a la desconfianza social

Cada año, durante el 8M, las instituciones gubernamentales publican mensajes de apoyo a las mujeres, campañas de concientización y compromisos para erradicar la violencia de género.

Sin embargo, para muchas activistas, estos mensajes resultan contradictorios cuando las denuncias contra funcionarios o figuras del poder no avanzan con la rapidez o transparencia que la sociedad espera.

El problema no es solo la violencia.
El problema es la impunidad.

Porque cuando una mujer denuncia a alguien con poder político o institucional, el riesgo no es solo enfrentar un proceso largo: también enfrenta la posibilidad de ser ignorada, desacreditada o revictimizada.

El verdadero significado del 8M

Las marchas del 8 de marzo no buscan destruir instituciones. Buscan obligarlas a funcionar.

Las mujeres que salen a las calles no piden privilegios.
Exigen algo mucho más básico: justicia, seguridad y respeto.

El movimiento feminista ha dejado claro que la lucha no terminará con campañas institucionales ni con discursos de ocasión.

Terminará cuando las denuncias se investiguen con transparencia.
Cuando los agresores enfrenten consecuencias reales.
Y cuando ningún cargo público sea suficiente para evadir la ley.

El 8 de marzo no solo exhibe la violencia que viven las mujeres.

También exhibe la capacidad o incapacidad de los gobiernos para enfrentarla.

En Aguascalientes, como en muchas partes del país, la pregunta ya no es si existen denuncias.
Las denuncias están ahí.

La verdadera pregunta es otra:

¿Quién está dispuesto a investigarlas cuando los señalados forman parte del propio sistema de poder?

Porque mientras exista la percepción de que algunos nombres no se tocan, algunos cargos protegen y algunos expedientes se congelan, el mensaje para la sociedad será devastador:

que la justicia tiene jerarquías.

Y mientras eso ocurra, cada 8 de marzo seguirá recordándole al poder algo que muchos prefieren ignorar:

Las mujeres ya no están dispuestas a guardar silencio.

Fotografía por: Paula Ortega