La investigación en torno al proyecto TARUK, financiado por CONACYT, ha incorporado nueva información que apunta a posibles irregularidades en el proceso de importación de mercancía utilizada para el desarrollo del proyecto, según consta en documentación y testimonios integrados recientemente al expediente en poder de Panorama 365.

De acuerdo con la información recibida, la mercancía ingresada al país dentro de un contenedor habría sido importada a nombre de TENOVAR, sin embargo, el despacho aduanal no se habría realizado bajo un procedimiento ordinario. Las fuentes señalan que se recurrió a un mecanismo conocido en el sector como “brinco”, práctica presuntamente utilizada para evitar revisiones físicas de la mercancía y la presentación de requisitos regulatorios, entre ellos la Norma Oficial Mexicana de Energía NOM-003 y la acreditación del padrón sectorial textil, exigido para uno de los productos contenidos en el embarque.

Según el expediente, la solicitud para recurrir a este mecanismo habría sido realizada por Dolores Gómez, entonces empleada de Megaflux, quien habría pedido apoyo a TENOVAR para liberar el cargamento con urgencia, luego de no obtener respuesta de personas identificadas como “brincadores” Diana y Diego que previamente habrían intervenido en operaciones similares.

La documentación indica que, ante la premura y el riesgo de revisión, a TENOVAR le fue brindado un intermediario que permitiera la liberación del contenedor sin inspección, evitando así retrasos, almacenajes y posibles sanciones regulatorias.

Este punto resulta clave para entender por qué el pedimento de importación no aparece a nombre de TENOVAR. De acuerdo con los testimonios integrados, al tratarse de una operación de naturaleza presuntamente ilícita, la documentación completa del despacho no habría sido entregada ni a TENOVAR ni a Megaflux, práctica que contraviene los procedimientos formales del comercio exterior mexicano.

Tras la salida de Dolores Gómez de la empresa, Felipe Gallego, directivo de Megaflux, habría manifestado que desconocía las acciones realizadas por su entonces colaboradora, señalando que la responsabilidad sería compartida entre ella y TENOVAR. No obstante, la ex empleada sostiene que contaba con autorización de sus superiores, y subraya que, tratándose de un proyecto de carácter gubernamental, la empresa responsable debía ejercer control total sobre la logística, importaciones y cumplimiento normativo, sin posibilidad de deslindarse posteriormente.

Especialistas consultados por Panorama 365 advierten que, en proyectos financiados con recursos públicos, la responsabilidad administrativa no puede fragmentarse, ya que existe un responsable directo del proyecto ante la autoridad, independientemente de la delegación operativa a terceros.

La investigación continúa en curso. Panorama 365 ha notificado a las partes involucradas sobre la integración de esta nueva información y mantiene abierto el espacio para que las empresas y personas señaladas emitan su postura institucional, en apego a los principios de equilibrio informativo y derecho de réplica.