Durante una conferencia impartida en el Congreso de Aguascalientes, el académico y ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, alertó que la Reforma Judicial aprobada recientemente en México podría generar un mega rezago en los procesos judiciales, afectando durante años la capacidad del país para garantizar justicia pronta y expedita.

La ponencia, titulada Crisis de la Democracia Constitucional, fue organizada por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LXVI Legislatura, encabezada por la diputada Alma Hilda Medina Macías, y congregó a legisladores y ciudadanía interesada en el impacto de los cambios estructurales del Poder Judicial.

Un riesgo para la calidad de las resoluciones y la estabilidad institucional

Córdova explicó que uno de los puntos más delicados de la reforma es el mecanismo de elección popular de jueces y magistrados, que según señaló ya ha generado distracciones internas y parálisis en diversas instancias judiciales. “Cuando los actores encargados de impartir justicia dedican su tiempo a campañas político-electorales, se compromete la calidad de las sentencias y la atención de los casos”, advirtió el especialista.

Este fenómeno, dijo, podría traducirse en acumulación de expedientes, retrasos procesales y falta de continuidad en asuntos delicados, lo que impactaría directamente a la ciudadanía, especialmente a quienes dependen del sistema judicial para resolver conflictos familiares, laborales, civiles o penales.

Señala que la reforma no atiende el origen de la impunidad

El investigador afirmó que, si bien es innegable que el país requiere una profunda transformación en materia de justicia, la iniciativa aprobada no ataca el problema de raíz. Indicó que la impunidad nace en los ministerios públicos, fiscalías y áreas de procuración de justicia, donde se determinan las investigaciones iniciales, no necesariamente en los tribunales que valoran los casos.

En su análisis, enfatizó que cualquier reforma seria debería fortalecerse en esos niveles para garantizar investigaciones sólidas, personal capacitado y mecanismos que eviten la revictimización.

Cuestionamientos sobre equidad democrática

Otro de los puntos críticos expuestos fue la desigualdad en la representación electoral, ya que los ciudadanos de algunas entidades como la Ciudad de México elegirían a un número mayor de jueces y magistrados que otros estados, como Aguascalientes. Este desequilibrio, expuso Córdova, contraviene el principio de equidad del voto, base fundamental de cualquier democracia.

Asimismo, subrayó que en los sistemas democráticos consolidados, las mayorías no pueden imponer decisiones que vulneren los derechos de las minorías, por lo que la reforma debe analizarse con perspectiva de equilibrio constitucional.

Relevancia social del debate

El encuentro permitió abrir un espacio de reflexión pública sobre las implicaciones sociales de modificar la estructura del Poder Judicial. Organismos civiles, litigantes, académicos y ciudadanos han manifestado preocupación por reformas que puedan comprometer la independencia judicial, considerada clave para proteger derechos humanos y garantizar libertades.

Asistieron a la conferencia las y los legisladores Jedsabel Sánchez, Nancy Gutiérrez, Laura Ponce, Mirna Medina, Arlette Muñoz, Maximiliano Ramírez, Adán Valdivia y Humberto Montero, quienes coincidieron en la necesidad de revisar a profundidad los alcances y riesgos de esta transformación institucional.