La Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez del Congreso de Aguascalientes avanzó en la aprobación de un paquete de reformas orientadas a reforzar la protección jurídica y social de niñas, niños, adolescentes y familias del estado. Bajo la presidencia de la diputada Mirna Medina, las legisladoras Nancy Gutiérrez, Jedsabel Sánchez y el diputado Humberto Montero avalaron modificaciones clave al Código Civil y a la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Estas acciones buscan actualizar el marco jurídico a las necesidades actuales de las familias, atender problemáticas sociales de fondo y promover una mayor garantía de los derechos de las infancias.

Prevención del abandono escolar por negligencia o violencia

Uno de los dictámenes aprobados propone reforzar las facultades de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para intervenir cuando el ausentismo o deserción escolar esté vinculado a negligencia parental o situaciones de violencia.

Este cambio impulsado por el diputado Amisadai Castorena contribuye a consolidar un sistema de detección temprana que permita mantener a las y los menores dentro de las aulas y asegurar su derecho fundamental a la educación. La medida también generaría una mayor coordinación entre autoridades educativas, procuradurías y familias, fortaleciendo la red de protección social.

Mayor acompañamiento a menores involucrados en procesos judiciales

Otra de las reformas aprobadas, presentada por la diputada Nancy Gutiérrez, plantea ajustes a los artículos 2 y 6 de la Ley estatal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de garantizarles un trato especial en procesos judiciales, ya sea como víctimas o testigos.

Esto significa que el Estado deberá considerar su edad, estado emocional y condiciones de vulnerabilidad, evitando la revictimización y asegurando que su participación en procedimientos legales se dé en un entorno seguro y respetuoso.

Protección integral en casos de divorcio

También se avaló la actualización de diversos artículos del Código Civil para incorporar medidas de protección a favor de menores y animales de compañía en procesos de divorcio. La iniciativa resalta la importancia de que los acuerdos de separación consideren no solo los bienes materiales, sino también el bienestar emocional y físico de quienes dependen de la pareja.

Con ello, se impulsa un enfoque más humano en la disolución del vínculo matrimonial, evitando que niñas, niños y adolescentes resulten afectados por decisiones adultas.

Obligaciones alimentarias como requisito para contraer matrimonio

En una medida relevante para promover la responsabilidad familiar, los legisladores aprobaron incluir como requisito indispensable para casarse el no estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Esto significa que una persona con adeudos de pensión alimenticia no podrá contraer matrimonio hasta regularizar su situación. La propuesta, presentada por la diputada Ma. Guadalupe Mendoza, busca combatir el incumplimiento de responsabilidades parentales y prevenir la afectación económica y emocional a menores dependientes.

Interés superior de la niñez en el ejercicio de la patria potestad

Otra de las reformas aprobadas establece que, ante desacuerdos en el ejercicio de la patria potestad, deberá prevalecer siempre el interés superior de niñas, niños y adolescentes, reforzando un principio fundamental del derecho de familia.

Sociedad conyugal con igualdad en administración y disposición de bienes

Finalmente, se dio luz verde a una reforma impulsada por diversas legisladoras para garantizar que, en matrimonios bajo régimen de sociedad conyugal, ambos cónyuges tengan igualdad de derechos para administrar y disponer de los bienes comunes, salvo acuerdo específico en contrario.

Esta modificación promueve relaciones de pareja más equitativas y protege especialmente a mujeres que históricamente han enfrentado limitaciones en la toma de decisiones patrimoniales.

Relevancia social de las reformas

Las iniciativas avaladas reflejan un esfuerzo por construir un marco jurídico actualizado, más sensible a las problemáticas contemporáneas y alineado a estándares nacionales e internacionales en derechos humanos.

Entre los beneficios destacables se encuentran:

• Reducción de la deserción escolar mediante intervenciones oportunas.
• Mayor protección jurídica a menores en situaciones de violencia o procesos legales.
• Mayor equidad en la vida familiar y patrimonial.
• Fomento a la responsabilidad parental en materia de pensión alimentaria.
• Armonización de la legislación civil con principios de igualdad y protección de las infancias.

Los dictámenes aprobados fueron turnados a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para continuar con el proceso legislativo y, eventualmente, someterse al Pleno del Congreso local.