Con el propósito de garantizar el derecho a la identidad y acelerar el acceso a la justicia para niñas y niños, el Congreso de Aguascalientes, en colaboración con la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial, trabaja en estrategias para reducir el rezago en la aplicación de pruebas de paternidad.

La diputada Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, integrante de la Comisión de Justicia de la LXVI Legislatura, encabezó una reunión con representantes del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) y del Poder Judicial, con el objetivo de analizar soluciones que permitan desahogar cerca de 100 pruebas genéticas pendientes.

“La celeridad en estos procesos es fundamental no solo para garantizar el derecho a la identidad de las y los menores, sino también para facilitar el acceso oportuno a pensiones alimenticias que aseguren su bienestar”, señaló la legisladora.

Actualmente, la ley establece que únicamente el laboratorio de la FGE puede certificar y emitir los resultados de las pruebas, lo que genera una carga presupuestal importante y provoca retrasos que afectan directamente a la infancia. Ante esta situación, se estudian alternativas como la certificación de laboratorios privados o convenios de colaboración con laboratorios comerciales, lo que permitiría agilizar significativamente los procedimientos judiciales.

Entre los beneficios de estas medidas se encuentran:

  • Reducción de tiempos en los juicios relacionados con pruebas de paternidad.
  • Garantía efectiva del derecho a la identidad de niñas y niños.
  • Facilitar el acceso rápido a pensiones alimenticias, contribuyendo a la seguridad y bienestar familiar.
  • Optimización de recursos públicos al diversificar las opciones de laboratorios certificados.

La diputada Gutiérrez Ruvalcaba reiteró su compromiso de dar seguimiento a estas mesas de trabajo, con la finalidad de construir una propuesta legal conjunta que priorice el interés superior de las y los menores, fortaleciendo la coordinación entre las instituciones involucradas y promoviendo un sistema judicial más ágil y eficiente.

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