La identificación de un joven de 17 años como autor material del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha reavivado la preocupación por un fenómeno que se expande silenciosamente: el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), más de 30 mil adolescentes están actualmente en riesgo de ser cooptados por grupos delictivos, principalmente en estados como Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Jalisco.

El caso que encendió las alertas:

La Fiscalía de Michoacán identificó al agresor como Víctor Manuel “N”, originario de Paracho, quien habría actuado bajo órdenes de un grupo armado. El joven, según informes periciales, consumía metanfetaminas y había abandonado su hogar días antes del crimen. Su perfil coincide con el de cientos de adolescentes reclutados por cárteles para ejecutar delitos a cambio de dinero o drogas.

La utilización de menores obedece, en gran medida, a que las leyes mexicanas impiden que sean juzgados como adultos, lo que los convierte en piezas desechables para las organizaciones criminales.

Una estrategia del crimen organizado:

Diversos especialistas en seguridad apuntan a que los cárteles usan tácticas de seducción y coerción para atraer a jóvenes vulnerables:

• Les prometen dinero rápido, armas y un sentido de pertenencia.
• Operan en comunidades donde no hay oportunidades de empleo ni educación.
• Los exponen a entornos de violencia y consumo de drogas desde edades tempranas.

Según el informe “Niñez reclutada” (Red por los Derechos de la Infancia en México, 2024), uno de cada tres menores involucrados en delitos violentos fue contactado antes de cumplir los 15 años.

Una deuda pendiente del Estado:

Aunque México ha firmado tratados internacionales para la protección de la infancia, la atención al reclutamiento forzado sigue siendo insuficiente. En muchos estados no existen programas de reinserción o atención psicológica para jóvenes utilizados por el crimen organizado.

En Michoacán, las autoridades han anunciado que el caso de Víctor Manuel servirá para reforzar políticas de prevención y vinculación educativa en comunidades rurales y marginadas.

El asesinato de Carlos Manzo no solo revela la violencia que enfrenta la clase política local, sino también una tragedia más profunda: la pérdida de generaciones de jóvenes atrapados por el crimen.
El reto, coinciden expertos, será reconstruir las oportunidades que les fueron negadas y romper el ciclo que convierte a niños y adolescentes en verdugos y víctimas a la vez.