Un conflicto administrativo y financiero ha surgido en torno al proyecto TARUK, iniciativa financiada por CONACYT, luego de que una proveedora de servicios logísticos y de despacho aduanal denunciara la falta de pago de gastos e impuestos generados durante la ejecución del proyecto.

De acuerdo con la documentación recibida por Panorama 365, el proyecto implicó operaciones reales de logística internacional, pagos al extranjero, despacho aduanal, almacenajes y cumplimiento fiscal, costos que según especialistas del sector son inherentes a proyectos tecnológicos de carácter gubernamental.

La controversia surge cuando, tras haberse ejecutado los servicios y generado los gastos correspondientes, la empresa responsable de la operación del proyecto, Megaflux, habría manifestado su negativa a cubrir ciertos pagos, particularmente los relacionados con impuestos e IVA de pedimentos, bajo el argumento de que, al tratarse de un proyecto gubernamental, dichos IVAs no pueden ser acreditados fiscalmente.

Sin embargo, expertos en materia fiscal y comercio exterior señalan que la imposibilidad de acreditar un impuesto no elimina la obligación de cubrirlo cuando este ha sido efectivamente causado, especialmente en proyectos financiados con recursos públicos, donde el cumplimiento normativo es un requisito fundamental.

El expediente recibido por este medio incluye una cronología detallada de los hechos, facturación, comunicaciones formales entre las partes y registros de gastos, los cuales muestran que las operaciones fueron realizadas con conocimiento de la empresa ejecutora y que los costos reclamados corresponden a actividades indispensables para la ejecución del proyecto.

La persona afectada ha solicitado públicamente que se cubran al menos los gastos reales de despacho e impuestos, sin exigir utilidades adicionales ni montos extraordinarios, subrayando que su postura se mantiene dentro del marco legal y de transparencia fiscal.

Panorama 365 buscó conocer la postura de la empresa involucrada y de sus directivos, entre ellos Felipe Gallego y Roberto Gottfried, a quienes se les notificó la integración del expediente a un proceso de revisión editorial. Hasta el cierre de esta edición, no se había recibido una respuesta formal.

El caso abre un debate relevante sobre la responsabilidad administrativa y fiscal en proyectos financiados con recursos públicos, así como sobre la protección de proveedores y profesionales que participan en la cadena operativa de iniciativas estratégicas para el desarrollo tecnológico del país.